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sábado, 19 de septiembre de 2026

México

Impacto ambiental de centros de datos genera protestas en Querétaro

Vecinos de Colón y El Marqués denuncian escasez de agua y fallas eléctricas por la operación de centros de datos.

Redacción Enviado Especial
Foto: eleconomista.com.mx

Habitantes de los municipios de Colón y El Marqués, en Querétaro, han manifestado su creciente preocupación ante la proliferación de centros de datos en la región. Durante los últimos meses, los residentes han señalado que la operación intensiva de estas instalaciones ha coincidido con problemas recurrentes en el suministro de agua potable y constantes interrupciones en el servicio de energía eléctrica, afectando la vida cotidiana de las comunidades locales.

La instalación de estos complejos tecnológicos, diseñados para el procesamiento masivo de información, demanda volúmenes significativos de recursos hídricos para sus sistemas de enfriamiento, además de un consumo eléctrico constante. Los vecinos de la zona han expresado que el beneficio económico prometido por este tipo de inversiones no se ha traducido en una mejora tangible para la infraestructura pública, sino que, por el contrario, ha ejercido una presión adicional sobre los servicios básicos ya existentes.

Ante este escenario, diversas organizaciones vecinales han solicitado a las autoridades estatales y municipales una revisión profunda de los permisos otorgados para la construcción y operación de estas naves industriales. El señalamiento principal radica en la necesidad de equilibrar el desarrollo tecnológico con la preservación de los recursos naturales y la garantía de servicios esenciales para la población residente, cuestionando la sostenibilidad a largo plazo de este modelo de industrialización.

Por su parte, colectivos ciudadanos han propuesto la creación de mesas de diálogo que involucren a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las empresas del sector para evaluar el impacto ambiental real. Se espera que en las próximas semanas se realicen reuniones con representantes gubernamentales para determinar si las plantas actuales cumplen con las normativas locales de sustentabilidad y gestión de recursos, o si es necesario imponer restricciones más estrictas a futuras inversiones de este tipo.

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