Prisión domiciliaria no modifica proceso penal contra Ernesto Ruffo, aclara FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que el cambio de medida cautelar otorgado al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, para cumplir su proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria, no implica una modificación sustancial en la situación jurídica del imputado. La dependencia federal subrayó que el proceso penal continúa su curso legal bajo los términos establecidos por el Poder Judicial.

El traslado del exmandatario estatal a su domicilio responde exclusivamente a una determinación judicial enfocada en las condiciones de salud y edad del procesado. Según la postura institucional de la Fiscalía, esta medida no constituye una sentencia absolutoria ni significa que la investigación en su contra haya perdido vigencia o rigor procesal durante las etapas actuales de desahogo de pruebas.

La FGR señaló que, independientemente de la ubicación física donde el ciudadano cumpla la medida cautelar, las obligaciones impuestas por el juez de control se mantienen vigentes. El equipo legal de la Fiscalía ha sostenido ante las autoridades jurisdiccionales que el seguimiento del caso seguirá los protocolos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando el respeto al debido proceso en cada una de sus fases.

Por su parte, los representantes legales del caso han enfatizado que la medida de prisión domiciliaria es una facultad discrecional del juzgador para garantizar la integridad de los implicados. En este contexto, la Fiscalía reafirmó que su labor de investigación y presentación de pruebas ante los tribunales correspondientes seguirá desarrollándose conforme a los plazos procesales dictados por la autoridad judicial, sin que la nueva ubicación del exgobernador interfiera con el avance de las diligencias.

Finalmente, la autoridad ministerial reiteró que cualquier cambio en la situación legal definitiva del imputado será resultado exclusivo de las resoluciones dictadas por el Poder Judicial tras la valoración de los elementos presentados por todas las partes involucradas. El proceso legal sigue adelante en los juzgados federales, donde se definirá la responsabilidad jurídica de los hechos imputados al exgobernador.