Proponen elevar impuestos a bebidas alcohólicas por costos en salud pública

Diversos colectivos de salud pública y organizaciones civiles solicitaron formalmente este martes a la Cámara de Diputados un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que grava las bebidas alcohólicas. La propuesta busca que los ingresos adicionales obtenidos sean destinados específicamente al fortalecimiento de los servicios médicos del IMSS y el sistema IMSS-Bienestar, los cuales enfrentan presiones financieras constantes debido a la atención de padecimientos relacionados con el consumo excesivo de estas sustancias.

Los promotores de esta iniciativa argumentan que el costo económico que representa para el Estado atender enfermedades crónicas y accidentes derivados del consumo de alcohol supera ampliamente la recaudación actual por concepto de impuestos a estos productos. Según los portavoces de este movimiento, el ajuste fiscal no solo permitiría una mayor recaudación, sino que actuaría como una medida de desincentivo para el consumo nocivo en la población general, alineándose con las recomendaciones internacionales en materia de salud preventiva.

Durante la jornada, los representantes de la sociedad civil enfatizaron que el sistema de salud pública requiere de recursos adicionales para mejorar su infraestructura y capacidad de respuesta ante las urgencias médicas prevenibles. La propuesta contempla que los recursos recaudados sean etiquetados para la atención especializada y campañas de concientización, buscando que el sector productivo contribuya de manera más proporcional al impacto social que genera la comercialización de sus productos.

La discusión sobre esta posible reforma fiscal se trasladará ahora a las comisiones correspondientes en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se espera que legisladores de diversos grupos parlamentarios analicen la viabilidad de ajustar las tasas impositivas en el marco del próximo paquete económico, considerando tanto los argumentos de salud pública expuestos por los colectivos como las implicaciones económicas que esto tendría para el mercado nacional.

Hasta el momento, no se ha definido una postura oficial por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia encargada de estructurar la política de ingresos del país. El debate se mantiene abierto en diversos foros académicos y legislativos, donde se evalúa si este incremento es la herramienta más eficaz para reducir los costos sistémicos que actualmente asume el Estado mexicano en sus instituciones de atención médica.